La política educativa en México debería incluir también a la televisión, afirma González Schmal
Jesús González Schmal afirma que México cayó en el error mundial de fundir en el concepto de Telecomunicaciones lo que antes, con toda claridad eran dos cosas diferentes: telefonía y televisión que, si bien tienen en común el prefijo tele que significa a distancia, tienen a su vez características muy claras y diferenciadas. La primera es solamente voz o sonido recíproco y la segunda sin interlocución, la sola transmisión de imagen con audio de voces y música. Es desde ahí que son actividades radicalmente distintas. Con eso de los avances cibernéticos por los que, con las ondas telefónicas se puede transmitir imágenes y voz vía internet, se tendió a igualar telefonía con televisión cuando son dos medios con diverso origen y efecto comunicativo.
En un artículo publicado por la revista Impacto, González Schmal señala que el teléfono, junto con sus derivados en internet, conecta voluntariamente a quien se inserta con otros miles o millones de cibernautas con los que puede tener reciprocidad si así lo desean. Aquí lo que interesa en función del consumidor es el que éste puede a voluntad, al menor costo y con la más alta calidad, hacer uso del medio o simplemente prescindir de él sin consecuencias.
En cambio, dice González Schmal, la televisión abierta proyecta su imagen y sonido que puede captar cualquier que tenga o esté cerca de un receptor, sin que pueda responder por la misma vía. El servicio lo presta una estación concesionada que vive de la publicidad de sus patrocinadores y el universo de destinatarios tiene la obligación de verla y oírla, a cambio de recibir sus contenidos.
En este deslinde los dos tipos de servicios de comunicación, el elemento esencial lo es el respeto a la capacidad de decisión del consumidor.
Recién salió la televisión, hace alrededor de medio siglo, se le bautizó como la “caja idiota” frente a un espectador pasivo que no tenía otra opción que tragarse la chabacanería o insidia de los productores de los programas que tenían a un público cautivo sin mayores opciones en cuanto sólo había canales malos y mucho más malos.
Sólo excepcionalmente antes como ahora, la televisión abierta contribuye a educación y a la promoción de valores de la convivencia y sentido de responsabilidad común de él tele-auditorio con los intereses del país. En las últimas épocas la televisión por cable ha mejorado los contenidos, aunque las tarifas de conexión, como la avalancha de publicidad, que le avientan al público en los cortes, han hecho elevado y por lo mismo restringido, el uso de éste servicio.
Es evidente, afirma González Schmal, que éste medio de transmisión universal debería estar sometido a la política educativa pública porque, como es obvio el efecto deseducativo y no pocas veces destructivo, hace nugatorio cualquier esfuerzo de la autoridad educativa hacia la formación humana en los valores de la verdad, la honradez, la paz, la justicia y los demás principios de rectitud, honorabilidad y respeto que hacen posible mejorar la convivencia comunitaria para el desarrollo equitativo de la nación.
El saldo de éste distanciamiento entre educación y televisión, está en la explicación de las características del atraso nacional no sólo en cultura, sino en la economía y la seguridad pública atrapada en la violencia.
La obsesión de los tecnócratas de fabricar una similitud en las dos áreas de la comunicación, no puede deberse sino a la fijación obsesiva de traducir todo a negocios y hablar de una competitividad como la fórmula mágica para resolver problemas de equilibrio entre los magnates que dominan los mercados.
La telefonía, señala González Schmal, puede estar concentrada o no en pocas empresas con tal de que el estado resguarde el interés del consumidor al adquirir el servicio al menor costo y con la más alta calidad, como responsabilidad social vital. La televisión en cambio debe verse éticamente en sus contenidos y estos, inseparablemente sometidos a una política educativa pública para la libertad y el progreso, con la imprescindible validación democrática verdaderamente representativa del poder político.
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