La lógica criminal tras la aprobación de las reformas
Javier Sicilia comenta que cuando, delante de los demostrados efectos nocivos del fracking, impulsado ahora en México gracias a las reformas estructurales, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales –un ingeniero industrial–, Juan José Guerra Abud, puede declarar que, en comparación con las ventajas en el orden del crecimiento del país, los daños ambientales que esa tecnología traerá son desdeñables porque “no hay actividad humana que no tenga impacto en el medio ambiente”, podemos decir que México no tiene remedio, que la lógica de los tecnócratas es la misma que la de un criminal.
Es la misma con la que La Tuta o Los Zetas pueden decirnos también –no han dejado de hacerlo– que, en comparación con las ventajas económicas que genera la actividad criminal en la economía global, el sufrimiento de la gente es secundario “porque no hay actividad humana que no tenga impacto en la vida de la gente”. La diferencia es de matices. Al secretario Guerra Abud lo ampara la legalidad de las reformas estructurales aprobadas por los aparatos de gobierno –no por la gente ni por el medio ambiente–, y puede declarar en conferencia de prensa sin que nadie lo acuse de criminal; al fin, se trata de cosas que sólo a los ecologistas alarman.
En cambio, dice Sicilia, a los otros no los ampara nada más que la fuerza ilegal de su poder, cuyas consecuencias son tan inmediatamente atroces que nos alarman a casi todos. Sin embargo, ambas lógicas empatan. Los tecnócratas que nos gobiernan se niegan a ver los vínculos que hay entre el desarrollo y el crimen. Para ellos, al igual que para el crimen organizado, los costos humanos no cuentan, son meras externalidades en función de un beneficio abstracto, que nunca se ve reflejado en la realidad más que como lo que son, desastres irreparables.
La evidencia es tan clara, afirma Sicilia, como el hecho de que, en el momento en que el secretario Guerra Abud declaraba lo que declaró, estaba –y continúa estando– en el centro de la realidad no sólo el desastre ambiental del agua de los ríos Bacanuchi y Sonora provocado por el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre de la mina Buena Vista del Cobre, sino la destrucción de comunidades, de producciones locales y la generación de enfermedades y muerte de los pobladores de la zona.
Eso, que el secretario no ha tenido más remedio que enfrentar porque la catástrofe es mayúscula –70% de los ríos del país, según datos de Greenpeace, tiene diversos grados de contaminación frente a los cuales la Semarnat no hace nada–, parece confirmar tanto su tesis –“no hay actividad humana que no tenga impacto en el medio ambiente”– como la actividad criminal –“no hay actividad humana que no tenga impacto en la vida de la gente”–. Son las externalidades –las bajas colaterales, las estadísticas, que a pocos importan porque carecen de rostro– que todo progreso comporta. Si a usted le tocó, ni modo, usted disculpará, pero no haremos nada. Son las reglas del dinero, sin el cual no hay desarrollo.
Hay, en ese sentido, una inextricable relación entre la destrucción del crimen organizado y las del pragmatismo tecnocrático de las reformas estructurales. Tal vez por ello el Estado no persigue al primero como debería hacerlo –aunque dice que lo hace– y, al igual que sucede con el derrame del sulfato de cobre, sólo se pone en acción cuando el crimen desborda el silencio.
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