Gobernadores del país, perturbados por el poder
Una de las claves del deterioro que sufre el país en materia de seguridad pública —pero también en bienestar y empleo, pobreza y los profundos desequilibrios regionales— reside en la ineptitud, irresponsabilidad e incluso, complicidad, de algunos gobernadores con la delincuencia.
Perturbados por un poder sin contrapesos institucionales (tanto los tribunales de justicia como el Poder Legislativo están sometidos), muchos gobernadores se han dedicado a gozar las mieles de la omnipotencia, tan efímera como real
En Michoacán, como en Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Morelos y otras entidades, mientras las cosas se descomponían, los gobernadores decidieron “nadar de muertito”, desentenderse de la crisis de seguridad. Algunos, incluso, se coludieron con los cárteles del narco.
Otros, como Gabino Cué, han abdicado a su deber de gobernar para beneficio de todos los oaxaqueños y se ha sometido a un grupo faccioso, la CNTE.
Algunas de las reformas constitucionales y legales emprendidas a partir de 2012, como la Ley de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas, por mencionar las más relevantes, se proponen contener el poder abusivo de los gobernadores o subsanar la impotencia de otros —como ocurrió en Michoacán con la decisión de nombrar un gobernador sustituto, de facto, en la persona del comisionado Alfredo Castillo.
En estos días, tres ex gobernadores están en prisión: Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, interino de Michoacán, y Mario Villanueva, de Quintana Roo; otro, Luis Armando Reynoso Femat, ex mandatario de Aguascalientes, está en libertad bajo caución y dos más, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas, están en la mira.
Abundan los caciques, pero escasean los gobernadores discretos que están haciendo bien las cosas. ¿Quiénes se salvan?
(Estracto de la columna “Los Usos del Poder” de Alfonso Zarate, publicado en El Mañana.com)
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