Diputados exigen a Grupo México suspender actividades y compensar el daño económico en Sonora
La Cámara de Diputados exigió la suspensión inmediata de las actividades de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, y concluyó que Grupo México es una empresa que gana 4.4 millones de dólares diarios a costa de la pobreza de los sonorenses y de poner en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región.
El pleno de la Cámara de Diputados validó el informe de la comisión especial que investigó el derrame de sulfato de cobre, la cual anunció que documentará la violación a las leyes por parte de la minera para exigir a la Secretaría de Economía (SE) cancelar la concesión a Grupo México.
Además, los diputados aceptaron exigir que Grupo México –encabezado por Germán Larrea– asuma la carga completa del costo social y constituya un fondo regional con un piso mínimo de 5 mil millones de pesos, que permita detonar el desarrollo que la minera ‘‘le ha escamoteado’’ a Sonora.
Los diputados determinaron que el gobierno de Sonora, a cargo del panista Guillermo Padrés Elías, no aplicó los protocolos de protección civil y recomendaron al gobierno federal estrechar la vigilancia y supervisión a Buenavista del Cobre.
El pleno aplicó el término ‘‘responsabilidad en forma estricta’’ a Grupo México porque, explicó, desde el punto de vista económico esto evitará la socialización de costos y la disputa por distribuir responsabilidades.
La Cámara de Diputados definió que la responsabilidad al causante del desastre debe incluir al menos la compensación por el valor económico-social perdido a causa del incidente, restauración física de los daños ambientales, sanciones del orden civil y penal atribuibles a los factores causales del derrame y suspensión indefinida de la extracción y transformación de cobre.
Al respecto, la Cámara de Diputados planteó que las autoridades correspondientes cuantifiquen los daños económicos, sociales y ambientales, a aguas nacionales y a la biosfera, a corto, mediano y largo plazos, y en general los causados a los 24 mil 48 habitantes de los municipios Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures.
Reprochó que Grupo México ‘‘sigue exponiendo al peligro a la población afectada’’, porque no ha realizado las reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados.
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