Comisiones aprueban dictamen para regular deuda estatal
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que reforma la Constitución para la regulación de la deuda estatal y municipal, que asciende a más de 400 mil millones de pesos.
Los diputados de los 7 partidos políticos se pronunciaron a favor del dictamen, dando un paso importante en la regulación de la deuda estatal, que merma el desarrollo económico y social de los estados del país.
El dictamen de la reforma de la deuda estatal y municipal, será turnado al pleno del Congreso durante el periodo extraordinario próximo del 16 al 19 de julio.
El PRD, a través de la diputada Julisa Mejía Guajardo, se abstuvo de votar en lo general este dictamen. Amalia García dijo que la bancada de su partido pedía más tiempo para analizar la legislación, pero reconoció que representa un avance en la regulación de la deuda estatal y municipal, que tendrá como resultados un avance en el combate a la corrupción y el desvío de recursos.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que todavía se puede hacer más al respecto, pero reconoció que con este dictamen se avanza en la materia que es tema importante para solucionarse en el país.
Comentó que de 2008 a 2012 la deuda estatal y municipal pasó de 203 mil millones a 343 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dijo que esta “orgía financiera” es culpa de los estados, los bancos y la propia SHCP y dijo que los estados más endeudados son el Distrito Federal con 58 mil millones, Nuevo León con 46 mil millones, Veracruz con 40 mil millones, entre otros.
Dijo que per cápita, la deuda estatal de Coahuila es la más alta con 12 mil 800 pesos por habitante.
Expresó que este dictamen permitirá transparentar al máximo posible la contratación de deuda pública y establecerá los requisitos indispensables para que pueda contraerse la deuda estatal y municipal en todo el país. También faculta a la Auditoría Superior de la Federación para que haga respetar la rendición de cuentas y así el gobierno federal pueda otorgar garantías ante la deuda que adquieran estados y municipios.
Se prevén auditorias directas a los estados en la aplicación y destino de recursos.
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