CNDH descuida derechos humanos de las víctimas en México, afirma José Antonio Guevara Bermúdez
El Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara Bermúdez señala que en los últimos días, Raúl Plascencia Villanueva ha sido señalado por diversas organizaciones de la sociedad civil, por analistas y líderes de opinión, como una persona que no se ha desempeñado a la altura de su nombramiento como Presidente de la Comisión Nacional del Derechos Humanos (CNDH). Lo más serio que se ha dicho, está contenido en la demanda de juicio político que fue presentada hace unos días ante la Cámara de Diputados (en adelante la “demanda”) por un número muy importante de organizaciones no gubernamentales, expertos en derechos humanos y víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de la misma CNDH.
En su artículo, publicado por Animal Político, Guevara Bermúdez indica que en la demanda se habla de una gestión del Presidente actual de la CNDH ineficaz e incluso le acusan de “utilizar su posición para fines personales, en clara contravención a los intereses de la colectividad”. La inadecuada atención a las víctimas y las graves omisiones en la tramitación de casos también se narran en ella.
En diversos aspectos se señala que la CNDH ha violado el marco jurídico y su actuación ha afectado a las víctimas y a la colectividad. Por ejemplo, se indica que a principios de 2011, el entonces vocero de seguridad del Gobierno Federal, mencionó que existían 35 mil personas muertas a causa del combate del gobierno federal contra el crimen organizado, incluyendo en esas cifras, desde “delincuentes, fuerzas armadas y hasta civiles”. Ante tales números, la CNDH no llevó a cabo actuación contundente alguna para lograr investigaciones independientes por las autoridades de procuración de justicia competentes.
Otro de los temas en los que la CNDH no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento es sobre el desplazamiento interno forzado en el país. A pesar del enorme número de personas que han huido de su lugar de residencia por motivos de la violencia generalizada, por los intensos enfrentamientos armados por periodos prolongados entre fuerzas de seguridad e integrantes de organizaciones criminales o entre organizaciones criminales entre sí, o por las violaciones de derechos humanos, la CNDH no han emitido recomendación o informe alguno.
En cuanto a las recomendaciones donde está involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Human Rights Watch presentó 25 solicitudes de información ante la CNDH sobre sus recomendaciones a esta Secretaría de 2007 y 2008, en las cuales documentó abusos del Ejército. En 13 solicitudes, solicitó específicamente información actualizada sobre el seguimiento que había realizado la Comisión luego de documentar los aberrantes abusos cometidos por los militares. La CNDH se negó a brindar información solicitada, a pesar de que la SEDENA había “aceptado” todas las recomendaciones y su contenido había sido publicado en la página oficial de la CNDH y en sus informes anuales.
En 2008, Human Rights Watch documentó que la CNDH no realizaba un seguimiento adecuado una vez que emitía recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos, y que no impulsaba reformas legales como, por ejemplo, del sistema de justicia militar. Hasta hace muy poco, las recomendaciones de la CNDH solicitaban a la SEDENA que iniciara investigaciones en la jurisdicción militar, a pesar de que desde diciembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a México que dejara de aplicar ese fuero para investigar violaciones graves de derechos humanos.
Guevara Bermúdez precisa que los señalamientos en contra de Raúl Plascencia Villanueva en esa demanda de juicio político son muy serios por evidenciar malas prácticas institucionales de la CNDH, que en su conjunto afectan los derechos de las víctimas, además que le han restado credibilidad y fortaleza a un muy importante mecanismo de rendición de cuentas para el país.
La crisis de derechos humanos por la que el país atraviesa no soportaría otros cinco años de omisiones y actuaciones indebidas por la CNDH, dice Guevara Bermúdez, por lo que el Ejecutivo Federal, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República deben considerar toda la información contenida en la demanda y actuar en consecuencia conforme a sus atribuciones, responsabilidades y a su compromiso con el país.
El Presidente de la República, si verdaderamente tiene interés en mover a México para hacerlo un Estado de Derecho internacionalmente reconocido, debe de estar interesado en tener como contraparte a un verdadero defensor del pueblo y no a quien complace a las instituciones mayormente señaladas como violadoras de derechos humanos. La Cámara de Diputados debiera estar interesada en esclarecer y procesar con celeridad la demanda de juicio político. Por su parte, el Senado debe garantizar un proceso de elección de ombudsman transparente, participativo, que no discrimine ninguna persona que tenga interés en participar y que evite privilegios a favor de alguna, y además que asegure la consulta a las organizaciones de la sociedad civil, tal como lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 102 apartado B).
Por consiguiente, señala Guevara Bermúdez, la decisión que en los próximos días deberá tomar el Senado en el contexto del proceso de elección de la persona que ocupará la Presidencia de la CNDH, se debe orientar a nombrar a quien tenga la experiencia, conocimiento técnico y autoridad moral para poner la defensa y promoción de los derechos humanos como prioridad de su gestión.
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